Mientras las calles de Salamanca se desangran con una fuerza policial reducida a su mínima expresión —apenas 36 agentes por turno para una ciudad de casi 300 mil habitantes—, en las oficinas de Royal Transports se gestaba un poder mucho más oscuro. Documentos de inteligencia federal a los que se ha tenido acceso revelan que el empresario Gerardo Sánchez Quintanilla no es solo un hombre de negocios, sino la “bisagra” operativa que ha permitido el flujo de combustible robado y sangre en la región.
La Fachada: Logística al Servicio del Crimen
El esquema, según el expediente que ya circula en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) bajo el mando de Omar García Harfuch, es de una sofisticación quirúrgica. Sánchez Quintanilla, a través de Royal Transports S.A. de C.V. y la red de Gasolineras Mas Uno, presuntamente ha diseñado un sistema de cuatro etapas para lavar el hidrocarburo:
Adquisición: Compra directa de combustible extraído ilegalmente por grupos criminales.
Blanqueo Logístico: Traslado en unidades de su propia empresa con facturación que simula legalidad.
Venta Formal: Colocación del producto en estaciones de servicio abiertas al público.
Capital Político: Conversión de las ganancias en una red de favores e infiltración en las instituciones.
El “Doble Juego” con los Cárteles
Lo que vuelve a Sánchez Quintanilla un personaje de extrema peligrosidad para la seguridad nacional es su capacidad de interlocución con bandos enemigos. El informe lo señala como un operador civil capaz de pactar con el Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) para tareas de intimidación visible, mientras que utiliza la sombra del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) cuando requiere músculo para controlar rutas de transporte.
Esta dualidad ha dejado un rastro de cadáveres. Desde el asesinato de su hermano, Guillermo Sánchez Quintanilla en 2017 —ligado a fraudes con hidrocarburos—, hasta la ejecución del reportero Israel Vázquez Rangel en 2020. Sobre este último caso, las líneas de investigación sugieren una “trampa mortal”: enviar al periodista a cubrir un hallazgo criminal en Villas 400 para enviar un mensaje político y, posteriormente, capitalizar la tragedia para hacer crecer su plataforma mediática.
La Guerra de Narrativas: El Control de la Opinión
Más allá de los ductos, el poder de Sánchez Quintanilla reside en el control de la información. A través de portales como “El Salmantino” y “Salamanca Informa”, el empresario ha sido acusado de fabricar crisis.
El pasado 26 de octubre de 2025, estos medios publicaron la renuncia de mandos policiales antes de que el propio Ayuntamiento fuera notificado oficialmente. Para las autoridades, esto no es periodismo; es “administración del terror”. Se trata de filtraciones estratégicas diseñadas para quebrar a la institución policial desde adentro, dejando el terreno libre para los intereses de sus aliados criminales.
“No es violencia común: es una estructura empresarial operando bajo las órdenes de capos”, dicta una de las fuentes consultadas en el gobierno federal.
La reciente ejecución del ex comisario Andrés Ramírez y el asesinato de cuatro elementos municipales en lo que va del año han acelerado las acciones de la SSPC. El objetivo es claro: proceder contra Sánchez Quintanilla antes de que su red de influencias le permita tramitar amparos legales que frenen la justicia.
En Salamanca, el miedo ya no solo está en las esquinas donde se perforan ductos; está en las oficinas donde la pluma y el combustible se usan para firmar sentencias de muerte.