La Suprema Corte Abordará el Caso de Homicidio de un Civil por Militares en 2012
El próximo 7 de enero de 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisará el controvertido caso de la ejecución extrajudicial de un civil, ocurrido en 2012, en el que están implicados miembros del Ejército Mexicano. Este caso involucra a un soldado de infantería que busca impugnar su sentencia relacionada con la muerte de esta persona en Jungapeo, Michoacán, durante el mandato de Felipe Calderón Hinojosa.
Detalles del Caso
El caso será presentado a través de un proyecto elaborado por la ministra Lenia Batres Guadarrama, correspondiente al amparo directo en revisión 3640/2025. Este soldado, junto a otros cinco militares, fue condenado por el homicidio calificado del civil, quien fue secuestrado, torturado y finalmente abandonado sin vida. La propuesta de la ministra sugiere confirmar la condena impuesta.
Los Hechos
De acuerdo con los documentos judiciales, el 6 de febrero de 2012, un grupo de al menos diez militares llegó en dos vehículos a la casa de la víctima, ubicada en El Cerrito del Muerto, Jungapeo. De manera violenta, forzaron la entrada, sacaron a la víctima de su hogar y la llevaron en un vehículo oficial. Durante el mismo operativo, dos civiles más fueron detenidos, golpeados y torturados, aunque luego fueron liberados.
Los militares condujeron a la víctima a un lugar aislado para realizarle un interrogatorio con el objetivo de obtener información, supuestamente relacionada con actividades ilícitas en la región. Durante este proceso, se utilizaron métodos de tortura tanto físicos como psicológicos: inmovilizaron al civil, le cubrieron el rostro y le impidieron respirar al verterle agua, hasta que un sargento lo estranguló. A pesar de que un oficial de sanidad intentó reanimarlo, no tuvo éxito.
Posteriormente, quemaron su rostro y cabeza para dificultar su identificación, y abandonaron su cuerpo en un barranco; la ropa fue desechada en otro lugar. El cadáver fue encontrado el 7 de febrero de 2012, y la necropsia reveló que la causa de la muerte fue asfixia por estrangulamiento. Dos días después, familiares lograron identificarlo.
Condenas Impuestas
Como resultado de estos lamentables hechos, seis militares fueron finalmente condenados. Las penas fueron variadas: un teniente recibió 30 años y seis meses de prisión; un sargento segundo, 36 años, tres meses y 16 días; un cabo de infantería, 31 años y tres meses; un soldado de sanidad, 23 años y tres meses; otro soldado de infantería, 22 años y seis meses; y un cabo de transmisiones, nueve meses por ocultar el cadáver.
Apelación del Soldado
El soldado de infantería apeló su sentencia, argumentando violaciones al debido proceso y la falta de consideración de la legalidad de las pruebas en su contra, además de que el Protocolo de Minnesota no se aplicó convenientemente para evitar la contaminación de las pruebas, lo que, según él, afectaba la acreditación del homicidio.
A pesar de estos reclamos, un tribunal colegiado determinó que la sentencia estaba bien fundamentada, excluía pruebas que pudieran ser consideradas ilícitas y contaba con abundantes elementos probatorios que confirmaban tanto el homicidio como la responsabilidad penal, sin vulnerar los derechos humanos del acusado.
El Proyecto de la Corte
Al ser revisado en la SCJN, el proyecto de la ministra Batres sugiere que la revisión es improcedente, dado que se trata únicamente de cuestiones legales, y propone confirmar la condena sin entrar en el análisis del fondo del caso.
Conclusión
El caso de la ejecución extrajudicial de un civil por parte de miembros del Ejército Mexicano en 2012 sigue siendo un tema de debate en el ámbito judicial y social. La próxima sesión de la SCJN promete arrojar luz sobre la legalidad de los procedimientos y las condenas impuestas a los responsables de este trágico suceso.
- La SCJN revisará el caso el 7 de enero de 2026.
- Militares fueron condenados por el homicidio de un civil en Michoacán en 2012.
- El soldado de infantería apeló argumentando violaciones al debido proceso.
- El proyecto de la ministra sugiere confirmar la sentencia sin profundizar en el fondo del asunto.

